MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3 El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades y su desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
En Andalucía el número de personas que tiene alguna discapacidad es superior a las 716.100 (61,6% mujeres), lo que representa el 9,5% de la población. Este mismo dato referido a España representa el 8,5% de la población. Y si nos referimos al dato concreto de quienes tienen el reconocimiento de grado de discapacidad, de quienes solicitan la certificación oficial en los Centros de Valoración y Orientación, esta cifra alcanza también a 451.230 personas en Andalucía (218.610 hombres y 232.620 mujeres) con un grado igual o superior al 33%.
Por lo tanto, un asunto que si tenemos en cuenta a la población familiar supone una parte fundamental de la sociedad andaluza, y si tenemos en cuenta su interés social, este ha ido en aumento con los enfoques sociales y de derechos humanos, conforme han ido avanzando las sociedades democráticas.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada en 2007 por España, impulsó un cambio de paradigma en las políticas sobre discapacidad, pasando desde el enfoque asistencial al de garantía de derechos.
La Convención supuso la consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, de modo que considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo y a establecer un modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno y la participación real y efectiva en todos los asuntos que les son propios.
También promueve el respeto a la diversidad desde el reconocimiento del valor de las personas con capacidades o funcionalidades diferentes a las de la mayoría.
Esta orientación implica un cambio fundamental de las políticas públicas, que han de dirigir sus objetivos a lograr la accesibilidad universal, proporcionando los apoyos necesarios para alcanzarla con criterios de equidad y sostenibilidad a fin de avanzar hacia la vida independiente y hacia una sociedad plenamente inclusiva.
Las Leyes aprobadas desde entonces en España y en Andalucía han procurado otorgar el protagonismo a las personas con discapacidad en el libre desarrollo de su personalidad y en la toma de decisiones sobre todos los aspectos de su vida, así como en la configuración de una sociedad inclusiva, estableciendo mecanismos para su incorporación efectiva en los procesos de toma de decisiones que afectaban a sus derechos.
La atención específica a las personas con discapacidad por parte de los poderes públicos es una obligación que se recoge en las principales normas de nuestro ordenamiento jurídico. Así, la Constitución española, en su artículo 49, en concordancia con los artículos 9 y 14, establece el mandato de procurar su integración y eliminar los obstáculos que impidan su participación social y su igualdad de derechos ante la ley.
Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 10.3.15.º y 16.º, incluye la especial atención a las personas en situación de dependencia y la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad como parte de los objetivos básicos de nuestra Comunidad Autónoma; en el artículo 14 prohíbe expresamente la discriminación por motivos de discapacidad; en el artículo 24 proclama su derecho a acceder a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social, en el artículo 37.1 5.º y 6.º, dedicado a los principios rectores que deben orientar las políticas públicas, incluye los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, así como el uso de la lengua de signos española.
Por su parte, la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad regulaba también las condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad, poniendo de relieve la necesidad de una regulación propia en materia de derechos humanos y discapacidad; subrayando la necesidad del respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad esencial a la condición humana; proclamando su autonomía e independencia individual así como su derecho a decidir por sí mismas, y destacando la necesidad de actuar sobre los diferentes entornos a través del principio de accesibilidad universal.
De este modo, tras la ratificación por España de la citada Convención, se promulgaron las leyes estatales para la adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha incidido especialmente en la modificación de la legislación antidiscriminatoria en materia de discapacidad y de regulación de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
En nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con discapacidad en Andalucía, estableció el marco de actuación de las políticas públicas andaluzas dirigidas a la población con discapacidad, iniciando el camino a una prolija actividad legislativa en los ámbitos educativo, sanitario, laboral, cultural, deportivo o social que recogían los principios de la Convención para incorporarlos a nuestra acción política y social, a la vez que se avanzaba en la participación de las personas con discapacidad y su representación en los asuntos públicos o de su interés.
Esta intensa acción legislativa culmina con la aprobación de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que establece como objetivos promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incidiendo especialmente en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y fomentando la capacitación y el empoderamiento personal y social de las personas con discapacidad.
La celebración mundial de 2022 para conmemorar este Día gira en torno al tema general de la innovación y las soluciones transformadoras para el desarrollo inclusivo y que implica a tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Innovación para el desarrollo inclusivo de la discapacidad en el empleo (Objetivo de Desarrollo Sostenible 8).
Innovación para el desarrollo inclusivo de la discapacidad en la reducción de las desigualdades (Objetivo de Desarrollo Sostenible 10).
Innovación para el desarrollo inclusivo de la discapacidad.
Desde el PSOE de Andalucía nos sumamos a esta conmemoración y siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas y a las reivindicaciones del movimiento de la Discapacidad y su articulación en torno al CERMI Andalucía reclamaremos mayor atención en el empleo, la reducción de desigualdades y la innovación para un más rápido y eficaz desarrollo inclusivo.
En Andalucía debemos profundizar en el desarrollo de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad y de las prestaciones como la figura del Asistente Personal, la agilización de los reconocimientos en los Centros de Valoración y Orientación provinciales y de la valoración de la Autonomía Personal y situación de Dependencia y de la integración laboral mediante el cumplimiento de los cupos reservados establecidos en nuestras normas y los apoyos necesarios para conseguir el desarrollo inclusivo de la discapacidad en el empleo como recoge el Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Impulsar el desarrollo de una sociedad inclusiva y accesible que permita a las personas con discapacidad, poniendo un énfasis especial en la situación de niños y niñas, el pleno desarrollo de sus capacidades en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía.
Y asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas de atención a las personas con discapacidad.
Estos principios rectores de Igualdad e Inclusión, son los que seguirán guiando nuestra acción y compromisos desde el PSOE de Andalucía con las personas con discapacidad y sus representantes y que hoy reafirmamos en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Sevilla, 3 de diciembre de 2022
