La nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) no surge de una decisión "graciosa ni caprichosa" del Gobierno Central, sino que surge de un acuerdo del Consejo de Europa, por lo que resulta "imposible cualquier adoctrinamiento", ya que quienes la imparten son "profesores que tienen libertad de cátedra y actúan con absoluta libertad".Desde el respeto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha admitido a trámite el recurso planteado por cinco padres sevillanos del PP y familiares entre ellos (Esposa, esposo , hermanos, cuñados, entre ellos) contra EpC, esta asignatura, que ya se imparte en 21 países europeos, es "plenamente vigente, oportuna y se limita a aplicar los valores reconocidos por la Constitución de España, por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
En este sentido, Educación para la Ciudadanía surge de una Ley Orgánica aprobada por las Cortes "que no ha sido recurrida por nadie" ante el Tribunal Constitucional y, por lo tanto es una Ley que está en vigor. Además, también ha sido desarrollada por unos decretos del Gobierno Central a finales del año 2006, "que tampoco han sido recurridos por nadie".
Por todo ello, no existe ningún peligro de adoctrinamiento "a pesar de que haya quienes se han opuesto a ella legítimamente", ya que, "estamos en un Estado de Derecho en el que hay cauces para que cada cual pueda defender sus posiciones legítimas y, desde ese respeto a lo que cada cual piense, el PSOE considera que esta asignatura es absolutamente necesaria".
En concreto, en el caso de los Colegios Concertados, los profesores actuarán de acuerdo con las directrices que les dé la dirección del centro, mientras que en los Colegios Públicos estarán obligados a respetar todas las posiciones y principios morales y religiosos de los padres de alumnos, siendo impartida en primaria por los maestros y en secundaria por los profesores del área de ciencias sociales o filosofía.
Por último, creemos que hay ningún motivo de preocupación, puesto que es una asignatura "absolutamente necesaria que fomenta valores como el respeto y la igualdad que son fundamentales para la madurez de los jóvenes en una sociedad cada día más compleja y complicada".
Las comunidades autónomas son Estado. Rebelarse contra una ley estatal es un síntoma patológico de irresponsabilidad política y de falta de respeto a las leyes que aprueba el Congreso de España. Es lo que han hecho algunas comunidades gobernadas por el PP, espoleadas por la derecha española más montaraz y radical. Esto demuestra la hipocresía del PP. Les duele la boca de repetir la palabra España, pero luego, a poco que son puestos a prueba, arremeten contra normas estatales que han emanado y han sido aprobadas en las. Aquí se demuestra nuevamente la falsedad del Partido Popular
